El titular de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, Pablo Pérez, manifestó su preocupación frente al esquema de aumentos automáticos aprobado por el Tribunal Superior de Justicia, señalando que la medida profundiza el desequilibrio financiero del organismo y pone en riesgo su sostenibilidad.
En declaraciones a LU14 Radio Provincia, Pérez indicó que el haber previsional mínimo en la provincia ronda los $774.000, y subrayó que el incremento mensual definido por el TSJ —del 3% y 4% entre enero y octubre de 2026— equivale, en la práctica, al pago de un haber mínimo por mes para cada juez del máximo tribunal provincial.
“De enero a octubre, este aumento implica el equivalente a diez jubilaciones mínimas por integrante del Tribunal”, remarcó Pérez para dimensionar el impacto.
Según detalló, el esquema fijado representa un incremento acumulado cercano al 42%, cifra muy superior a la inflación estimada para 2026, proyectada entre 21% y 22%. “Estamos frente a una decisión que duplica los cálculos inflacionarios. De ahí mi planteo sobre la falta de responsabilidad institucional”, apuntó.
Consecuencias en el sistema jubilatorio
Pérez advirtió que la Caja provincial no está en condiciones de absorber incrementos definidos sin análisis técnico ni respaldo económico. Explicó que el sistema es solidario y se financia con los aportes mensuales de trabajadores activos.
En esa línea, cuestionó que decisiones de este tipo no sólo generen un fuerte impacto económico inmediato, sino que también transmitan un mensaje negativo a la sociedad. “Este aumento equivale a que diez personas cobren el haber mínimo. Y se decide sin consulta previa a la Caja”, lamentó.
Asimismo, recordó que varios jueces y funcionarios se encuentran en edad de jubilarse, lo que empeora el escenario financiero.
Más autonomía no significa menos responsabilidad
Pérez aclaró que no apunta contra la independencia judicial, sino al uso que se hace de ella. “La autarquía no puede ser excusa para tomar decisiones sin evaluar sus consecuencias previsionales”, afirmó.
También planteó que se debe abrir un debate más amplio sobre si corresponde mantener un régimen especial con los mismos aportes que el sistema general cuando ese régimen adopta decisiones que afectan al conjunto.
“Crisis a medida”
El funcionario recordó que el propio TSJ había rechazado ampliar su integración citando falta de recursos, pero ahora dispone fondos para subas salariales. “Es una crisis selectiva”, ironizó.
Finalmente, reclamó mayor coordinación entre los distintos poderes del Estado y municipios. “Cada medida salarial impacta en la Caja. Por eso necesitamos estudios previos y diálogo. Las decisiones aisladas terminan perjudicando a los jubilados”, cerró.