El Gobierno de Santa Cruz, a través de los ministerios de Energía y Minería y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mantuvo una reunión con representantes de compañías mineras que operan en la provincia. El objetivo fue reforzar el cumplimiento de la legislación laboral vigente, promover la contratación de trabajadores santacruceños y acompañar el desarrollo sustentable del sector minero.
El encuentro fue encabezado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y su par de Trabajo, Ezequiel Verbes, en la Casa de Santa Cruz en la Ciudad de Buenos Aires. Participaron directivos de Newmont (Cerro Negro), Cerro Vanguardia S.A., Minera Santa Cruz (San José), Don Nicolás y el presidente de CAEM, Roberto Cacciola.
Durante la reunión, las autoridades provinciales comunicaron e intimaron a las empresas a cumplir con la resolución 2026/00002822 que reglamenta la Ley Provincial 3.141, modificada por la 3.960, conocida como Ley 90/10, que prioriza el empleo de residentes santacruceños en el sector minero.
En ese contexto, se acordó avanzar con tres medidas concretas:
Presentación de reportes detallados por parte de las compañías sobre su grado de cumplimiento de la norma y los casos donde no se haya aplicado.
Continuar con instancias de capacitación para fortalecer la preparación y calificación de trabajadores locales.
Diseño de un plan de sustitución gradual de personal no residente por mano de obra santacruceña, ampliando las oportunidades laborales en la provincia.
También se informó que la Provincia retomará y ampliará los controles en ingresos a yacimientos y distintos procesos de la actividad, como parte de la fiscalización del cumplimiento de la Ley 90/10.
Otro tema central fue la exigencia del uso obligatorio del SIREL (Sistema de Registro de Empleo Local), tanto para empresas operadoras como para todas sus contratistas, con el fin de garantizar transparencia y priorizar la contratación de trabajadores santacruceños.
Finalmente, se dialogó sobre nuevas inversiones previstas en la industria, subrayando que el crecimiento de la actividad debe darse respetando la normativa vigente, los derechos de los trabajadores y los principios de responsabilidad social.