El Senado dio media sanción a las modificaciones de la Ley de Glaciares impulsadas por el Gobierno y ahora la definición quedó en manos de la Cámara de Diputados. El proyecto reunió 40 votos afirmativos y 31 negativos, tanto en la votación en general como en particular, mientras que la neuquina Julieta Corroza se abstuvo. La iniciativa expuso divisiones internas en distintos bloques, aunque contó con el respaldo unificado de La Libertad Avanza.
Durante la penúltima sesión extraordinaria, la Cámara alta avaló los cambios al régimen vigente. Además del oficialismo, acompañaron los senadores del interbloque kirchnerista Lucía Corpacci y Sergio Uñac, junto a legisladores que recientemente se alejaron de ese espacio, como Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza.
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue el artículo 7°, que habilita a cada provincia a designar la autoridad de aplicación —excepto en áreas alcanzadas por la ley de Parques Nacionales— para determinar, con base en criterios técnico-científicos, qué glaciares y ambientes periglaciales cumplen funciones hídricas estratégicas dentro de su territorio. Es decir, aquellos que actúan como reservas de agua o aportan a la recarga de cuencas.
Quienes respaldan la reforma sostienen que los recursos naturales pertenecen a las provincias y remarcan la necesidad de adecuar la normativa para atraer inversiones, en un contexto en el que el Ejecutivo busca impulsar proyectos de gran escala junto a los gobernadores. Desde sectores ambientalistas, en cambio, cuestionan que se otorgue mayor discrecionalidad a las administraciones locales por sobre el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). También advirtieron posibles conflictos con compromisos asumidos en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, recientemente aprobado por el Senado.
Debate en el recinto
La apertura estuvo a cargo de Edith Terenzi (Chubut), titular de la comisión de Ambiente, quien se refirió al trámite parlamentario del proyecto. Luego tomó la palabra Agustín Coto (La Libertad Avanza–Tierra del Fuego), encargado de defender la iniciativa oficialista.
Coto afirmó que la reforma preserva las reservas hídricas permanentes y busca armonizar la ley con la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema. Sostuvo que el objetivo no es excluir áreas del inventario, sino también incorporar nuevas, y aseguró que la protección ambiental se mantiene.
Desde la oposición, el pampeano Pablo Bensusán cuestionó que las modificaciones se presentaran horas antes del debate y advirtió que la nueva redacción fragmentará los criterios de conservación. Señaló que actualmente el sistema es unificado bajo el IANIGLA y calificó la propuesta como “anticientífica” e “irresponsable”.
En defensa del proyecto, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero sostuvo que la Constitución establece presupuestos mínimos ambientales a nivel nacional, pero reconoce el dominio originario de los recursos a las provincias. Rechazó la idea de una confrontación entre desarrollo productivo y protección del agua, y argumentó que la ley vigente presenta ambigüedades jurídicas que frenan inversiones.
Olivera Lucero también cuestionó la metodología del IANIGLA al señalar que se basa en imágenes satelitales y defendió la necesidad de estudios de campo. A su turno, el radical Maximiliano Abad votó en contra y advirtió que la reforma debilita el esquema nacional de protección ambiental y podría derivar en planteos de inconstitucionalidad.
Posiciones encontradas
El santacruceño José María Carambia planteó reparos vinculados al esquema de regalías mineras y consideró que el texto presenta deficiencias técnicas. En contraste, la misionera Sonia Rojas Decut defendió la autonomía provincial sobre los recursos naturales y respaldó la iniciativa.
Con un enfoque técnico, la exsecretaria de Energía Flavia Royón aseguró que la propuesta no implica flexibilización, sino una protección basada en estudios territoriales. Remarcó que el cuidado del agua está por encima de cualquier interés y aportó datos sobre el consumo hídrico en provincias mineras para relativizar el impacto del sector en el uso total del recurso.
Desde el kirchnerismo, la mendocina Anabel Fernández Sagasti advirtió que permitir la intervención sobre glaciares tendría consecuencias irreversibles y sostuvo que la reforma generará mayor litigiosidad e incertidumbre jurídica.
El cierre estuvo a cargo de Patricia Bullrich, quien rechazó la idea de que el país deba optar entre ambiente y crecimiento económico. “No es agua o trabajo”, sintetizó, al defender la postura oficialista.
Con la media sanción del Senado, el proyecto quedó ahora sujeto al debate en Diputados, donde se definirá el futuro de la reforma a la Ley de Glaciares.