Durante la mañana de ayer, el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Cristian Mansilla, acompañado por el abogado Sergio Macagno, realizó una presentación formal ante el Juzgado de Instrucción Provincial N° 3 de Río Gallegos, aportando documentación relevante para el avance de la investigación sobre presuntos delitos cometidos durante la gestión del organismo entre los años 2015 y 2023.

La causa penal involucra a quienes estuvieron al frente del IDUV en ese período: Pablo Grasso, Roberto Andrino, Daniel Copertari y María de los Ángeles Grasso, junto con otros funcionarios que integraron los distintos directorios durante esas administraciones.

De acuerdo con la denuncia, durante dichas gestiones se habrían producido irregularidades en procesos licitatorios y se habrían incumplido normativas administrativas, configurando posibles delitos como administración fraudulenta en perjuicio del Estado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

Los hechos señalados comprenden contrataciones observadas en expedientes de obra pública, donde se detectaron anomalías en el Registro de Proveedores, omisiones en la comunicación con el Registro Nacional de Constructores y otras acciones que podrían constituir delitos penales. Las maniobras habrían tenido como fin favorecer indebidamente a determinadas empresas en procesos de adjudicación.

Como parte del procedimiento judicial, se remitió la documentación y las pruebas a través del Sistema de Presentación de Escritos Digitales (SIPED), mientras un equipo técnico del Instituto continúa recopilando nuevo material para fortalecer la investigación.

El IDUV solicitó constituirse como querellante en la causa, lo que le permitirá participar activamente en el proceso judicial. Además, desde la institución se dejó abierta la posibilidad de ampliar la denuncia y aportar nuevas pruebas que contribuyan a esclarecer los hechos y resarcir al Estado provincial.

Por otra parte, se informó que existen otras denuncias en trámite tanto en la Justicia provincial como en la federal, y que en las próximas semanas se presentarán nuevas acciones judiciales vinculadas a la ejecución de obras públicas realizadas entre 2015 y 2023.