El Gobierno de Santa Cruz avanza en la elaboración de un nuevo régimen de administración pesquera con vigencia proyectada a diez años, orientado a fortalecer el empleo local, garantizar previsibilidad empresarial y consolidar el procesamiento de materia prima en plantas radicadas en la provincia.
Así lo confirmó el secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, durante declaraciones brindadas a LU14 Radio Provincia de Santa Cruz.
El funcionario explicó que el nuevo esquema establecerá como condición central que las empresas pesqueras procesen las capturas en plantas locales con empleo registrado para poder acceder a la cuota provincial de merluza.
En ese sentido, detalló que Santa Cruz dispone este año de un total de 17.760 toneladas, equivalentes al 4,80% del stock sur de la captura máxima permisible asignada por Nación.
La medida impulsada por el Ejecutivo provincial busca fortalecer la actividad industrial pesquera en territorio santacruceño y sostener fuentes de trabajo vinculadas al procesamiento y manufactura de productos pesqueros.
“Buscamos que las empresas que trabajan en la provincia, que tienen plantas habilitadas y empleo registrado, puedan acceder a una cuota de merluza y negociar con distintas flotas para que la materia prima sea descargada en los puertos provinciales”, sostuvo Klimenko.
De esta manera, la asignación del recurso pesquero pasará a funcionar también como una herramienta de promoción industrial y desarrollo económico local.
El secretario señaló además que uno de los objetivos centrales es consolidar un esquema operativo que permita garantizar el abastecimiento continuo de materia prima a las plantas industriales costeras mediante acuerdos entre empresas locales y embarcaciones pesqueras.
Asimismo, reconoció que el sector atraviesa un escenario complejo producto del aumento de costos operativos y las dificultades económicas que afectan a la actividad pesquera.
“El aumento del combustible fue uno de los factores que más complicó al sector. Muchos operadores hoy están trabajando prácticamente sin rentabilidad”, indicó.
En ese marco, explicó que el Gobierno Provincial mantiene mesas de diálogo y negociación con cámaras empresariales y representantes del sector para avanzar en un esquema sostenible tanto para las empresas como para los trabajadores.
El proyecto oficial también contempla la incorporación de contraprestaciones sociales vinculadas al acceso al recurso pesquero.
Entre las alternativas analizadas se encuentra la posibilidad de que las plantas beneficiadas aporten semanalmente unos 300 cajones de merluza fresca destinados a programas de asistencia social provinciales, iniciativa que actualmente se encuentra en evaluación jurídica y tributaria.
La definición final del nuevo marco regulatorio se debatirá en una reunión prevista para el próximo 26 de mayo en la Casa de Santa Cruz, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde participarán equipos técnicos y representantes del sector privado.
“Tenemos una reunión muy importante la próxima semana y creemos que para esa fecha ya podremos avanzar o cerrar definitivamente el esquema de cuantificación”, adelantó Klimenko.
Finalmente, el funcionario indicó que el decreto regulatorio definitivo podría quedar listo para la firma del gobernador provincial durante las próximas semanas.