Durante la jornada de hoy se realizó un encuentro en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Caleta Olivia, con la participación del ministro de Energía de la provincia, Jaime Álvarez, y del ministro de Trabajo, Juan Mata. También estuvieron presentes el secretario general de Camioneros, Sergio Sarmiento; el secretario general de Jerárquicos, José Lludgar; representantes de UOCRA, UPSAP y UTA, además de autoridades de las empresas Patagonia, Brest, Azruger, GCG, Clear, Quintana y Crown Point.
La reunión se concretó tras los reiterados planteos que nuestra organización sindical viene realizando ante el Gobierno provincial y las compañías operadoras para que se cumpla lo estipulado en los pliegos licitatorios y en los contratos firmados con la Provincia.
En ese marco, se llevaron adelante presentaciones ante el Ministerio, denuncias públicas, reuniones con distintos actores del sector, asambleas con trabajadores y diversas medidas gremiales en defensa de la actividad, sin que hasta ahora se hubieran obtenido respuestas concretas por parte de las autoridades ni de las empresas.
Durante el encuentro, las empresas asumieron el compromiso de no avanzar con nuevos despidos. Por su parte, el Gobierno provincial garantizó que velará por el cumplimiento de este acuerdo e intervendrá para atender los distintos reclamos planteados desde las organizaciones sindicales. En ese sentido, el ministro de Energía, Jaime Álvarez, afirmó que la Provincia hará respetar lo acordado sin excepciones.
El entendimiento alcanzado permitirá avanzar con la reincorporación de trabajadores, conforme a lo establecido en las actas acuerdo firmadas en el Ministerio de Trabajo, que obligan a las empresas a cumplir con esa disposición y que hasta el momento no se venía respetando.
Asimismo, se reiteró el pedido a las empresas para que presenten un plan operativo y un cronograma de tareas serio, con objetivos y plazos claros, que permita recuperar los niveles de producción, reactivar equipos y poner fin a la situación de trabajadores que se encuentran en stand by o bajo constante riesgo de despido. También se planteó la necesidad de generar nuevas fuentes laborales.
Estas responsabilidades fueron asumidas formalmente por todas las partes en 2025, cuando se adjudicaron las áreas a la UTE en el marco de los pliegos y contratos correspondientes. En caso de que las empresas no puedan cumplir con esas obligaciones, deberán transferir las áreas a operadoras que sí estén en condiciones de hacerlo. Del mismo modo, el Gobierno provincial deberá exigir el cumplimiento de las inversiones comprometidas o avanzar con el proceso de reversión de áreas, tal como lo establece la normativa vigente.
En relación con el Plan de Abandono de Pozos, el ministro de Energía informó que la próxima semana se publicarán los pliegos de licitación, lo que permitirá iniciar esas tareas en el corto plazo.
Por otro lado, se expresó preocupación respecto de los plazos mencionados en la reunión sobre el informe vinculado a YPF. Según se indicó, la operadora presentaría un informe en un plazo de siete semanas, que luego sería auditado por la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, lo acordado previamente entre la Provincia, FOMICRUZ e YPF establece que la Facultad de Ingeniería de la UBA fue designada como organismo auditor desde el inicio del proceso, con la responsabilidad de supervisar los relevamientos ambientales, validar la metodología aplicada y acompañar técnicamente todo el procedimiento.
De hecho, el cronograma previsto indicaba que dentro de los primeros siete días debía presentarse el plan de trabajo y el informe inicial, y que a partir del 1° de diciembre comenzarían los relevamientos de campo con informes técnicos periódicos sobre los pasivos ambientales. Por lo tanto, no correspondería transformar ese proceso en una auditoría posterior sobre un informe elaborado por la propia operadora.
Hasta el momento, este gremio no ha tenido acceso a ninguno de esos informes, por lo que se solicitó formalmente a las autoridades provinciales que sean puestos a disposición, tal como ya se había requerido anteriormente.
Desde la organización se remarcó que la situación demanda decisiones concretas y avances inmediatos. Es fundamental que estas tareas comiencen cuanto antes, tanto para resguardar los puestos de trabajo como para garantizar la protección ambiental en la provincia de Santa Cruz.
Finalmente, se informó que se realizará un seguimiento permanente del cumplimiento de lo acordado en la reunión y que se adoptarán las medidas gremiales necesarias en caso de que las empresas no respeten los compromisos asumidos. Los trabajadores del sector sostienen que no aceptarán nuevas demoras ni retrocesos, y reafirman su compromiso con la defensa del empleo, la producción y el ambiente en Santa Cruz.