Comenzó en Río Gallegos el juicio oral contra cuatro antiguos altos oficiales de la Armada Argentina señalados por su presunta responsabilidad en el hundimiento del submarino ARA San Juan, tragedia ocurrida en noviembre de 2017 en la que murieron sus 44 tripulantes.
Los acusados enfrentan cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de obligaciones y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el eje del caso está puesto en las fallas de mantenimiento de la nave y en las decisiones adoptadas antes y durante su última misión.
El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, que dio inicio a las audiencias con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, donde se reconstruyeron los hechos, se detallaron las pruebas reunidas y se expuso la calificación legal atribuida a los imputados.
Los acusados
Llegaron a esta instancia el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo; el capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide; el capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso; y el capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa. Para la fiscalía, en los distintos cargos que ocuparon dentro de la Armada no garantizaron el adecuado alistamiento, control y mantenimiento del submarino, lo que permitió que operara en condiciones técnicas deficientes y con mayores riesgos.
El estado del submarino
De acuerdo con la acusación, el buque zarpó el 25 de octubre de 2017 desde la Base Naval Mar del Plata rumbo a Ushuaia con limitaciones operativas. Se sostuvo que, tras su reparación de “media vida” finalizada en 2015, la unidad registró reiterados inconvenientes técnicos. Aunque algunos fueron solucionados, otros de mayor relevancia persistían al momento de la última navegación.
La fiscalía remarcó que el submarino había superado en 26 meses el plazo reglamentario para ingresar a dique seco y realizar tareas de mantenimiento planificadas por el fabricante. Esa situación, según la imputación, implicó restricciones operativas que incrementaron el riesgo propio de la actividad submarina y comprometieron la seguridad de la tripulación.
También se indicó que durante 2017 el entonces comandante del submarino informó a sus superiores sobre desperfectos y solicitó el ingreso a dique seco, además de advertir sobre fallas detectadas en navegaciones previas.
El hecho
El 11 de noviembre de 2017 el ARA San Juan partió desde Ushuaia hacia su zona de patrullaje. Tres días después, entre las 22.35 y las 23.42, se habría producido el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación hacia el tanque de baterías N°3, lo que generó un cortocircuito y un principio de incendio.
Según la reconstrucción fiscal, las consecuencias de ese episodio afectaron gravemente los sistemas del submarino y a su tripulación, hasta que el 15 de noviembre a las 10.51 se produjo la pérdida de control de profundidad y la posterior implosión, al superar el límite estructural de resistencia.
Las responsabilidades
Para el MPF, cada uno de los acusados, desde las funciones que desempeñaban —relacionadas con el alistamiento, mantenimiento y control operativo de las unidades submarinas—, omitió acciones necesarias para garantizar condiciones seguras de navegación.
En esa línea, la fiscalía sostiene que esas conductas u omisiones permitieron que se incrementara de manera indebida el riesgo inherente a la actividad militar submarina, y que el desenlace —la muerte de los 44 marinos y la pérdida de la nave— fue consecuencia directa o, al menos, previsible de la falta de cumplimiento del deber de cuidado.
Actualmente, el equipo fiscal analiza la presentación de un recurso de queja ante la negativa del tribunal a que intervengan los cuatro fiscales designados por el Procurador General de la Nación, limitando la participación a solo dos de ellos.