Con la finalidad de mejorar las condiciones de detención y cumplir con lo establecido en la Ley 3816, el Gobierno provincial, por iniciativa del gobernador Claudio Vidal, avanza en la consolidación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. La propuesta contempla la conformación de mesas de trabajo interdisciplinarias durante 2026, con participación de familiares de personas privadas de libertad y profesionales de salud mental.
La provincia trabaja en la aplicación de protocolos orientados a reformar el sistema penitenciario, poniendo el foco en la relación entre encierro y salud psíquica. El subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Rubén Fernández, señaló que tanto las personas detenidas como quienes atraviesan padecimientos mentales enfrentan problemáticas similares, como la estigmatización y dificultades para acceder a servicios adecuados. En ese marco, se realizaron encuentros con organizaciones sociales para incorporar a usuarios y familias en los espacios de revisión.
Fernández remarcó la importancia de que las asociaciones vinculadas al ámbito penitenciario sean elegidas con la participación activa de los familiares, y adelantó que se convocará a la Defensoría General y al Servicio Penitenciario para definir las entidades que integrarán el comité preventivo, en línea con requerimientos legislativos y recomendaciones de organismos nacionales.
La estrategia también prevé capacitar al personal del sistema de seguridad para desarrollar dispositivos terapéuticos dentro de las cárceles, con el objetivo de brindar asistencia profesional y prevenir vulneraciones de derechos. El funcionario sostuvo que garantizar condiciones legales y humanas adecuadas fortalece al Estado en su conjunto.
Como meta para este año, el Ejecutivo busca que la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura esté plenamente operativa antes de fin de año, con participación de los tres poderes del Estado, promoviendo un enfoque preventivo y una perspectiva integral de derechos humanos en la gestión pública.