La presentación fue realizada por el vicegobernador en su rol de máxima autoridad del Poder Legislativo provincial, donde planteó que se vulnera la división de poderes en Santa Cruz, en lo que calificó como un hecho de gravedad institucional inédita a nivel país.
Fabián Leguizamón, en su carácter de presidente de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, interpuso un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se revierta la resolución adoptada por integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la provincia Reneé Fernández, Alicia Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta quienes, en un fallo dividido, declararon inválida la Ley N° 3949. Dicha norma ampliaba de cinco a nueve el número de vocales del máximo órgano judicial provincial y dejaba sin efecto las designaciones de los doctores Acevedo, González Nora, De la Vega y Contreras. La medida judicial se originó a partir de una acción de amparo impulsada por Franco Mascheroni, secretario general del gremio de Judiciales.
Según se expone en la presentación, la decisión del TSJ implica un exceso en sus atribuciones, afecta el Artículo 5 de la Constitución Nacional y desconoce la división de poderes y los principios del sistema republicano. Además, se sostiene que el fallo impide a la Legislatura provincial ejercer su facultad de dictar leyes orgánicas vinculadas al funcionamiento de la justicia local, lo que configura una cuestión federal que requiere la intervención del máximo tribunal del país.
En ese sentido, se recordó que el Artículo 104 de la Constitución de Santa Cruz asigna al Poder Legislativo la potestad de sancionar las leyes orgánicas del Poder Judicial. Asimismo, el Artículo 126 establece que el cuerpo judicial debe estar integrado por un número impar de miembros, fijando únicamente un mínimo de tres integrantes, sin establecer un tope máximo.