De acuerdo con la normativa federal, las personas acusadas de infringir la Ley de Sustancias Controladas en el marco de una organización criminal continua pueden enfrentar la pena de muerte.
El ex mandatario venezolano Nicolás Maduro se presentó este lunes ante un tribunal federal en Nueva York, donde afronta cargos vinculados al narcotráfico que, en caso de una condena, podrían derivar en una sentencia capital, según informó el New York Post.
Maduro, de 63 años, arribó a la sede judicial bajo un fuerte operativo de seguridad, escoltado por agentes armados, tras ser trasladado en helicóptero y vehículos blindados desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores.
Ambos fueron detenidos el sábado durante una operación militar estadounidense en Caracas, que incluyó el despliegue de comandos, ataques aéreos con aviones de combate y apoyo naval.
Según la legislación federal citada por el New York Post y datos de la Biblioteca del Congreso, una persona declarada culpable de violar la Ley de Sustancias Controladas “como parte de una empresa criminal continua” puede ser considerada elegible para la pena capital.
En el sistema judicial federal de Estados Unidos, los delitos que habilitan la pena de muerte incluyen principalmente homicidio, traición o espionaje, además de ciertos delitos relacionados con drogas, aunque las condenas capitales en este último caso son poco frecuentes.
La fiscal general Pam Bondi aseguró el sábado en la red social X que Maduro y Flores “pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en tribunales estadounidenses”, sin precisar cuál sería la pena que solicitaría el Departamento de Justicia en caso de una eventual condena.
El episodio fue comparado con la captura del ex dictador panameño Manuel Noriega en 1989, cuando el entonces presidente George H. W. Bush ordenó una intervención militar similar. En aquella oportunidad, Estados Unidos optó por encarcelar a Noriega y no avanzar con la pena de muerte.
Maduro y otros altos dirigentes venezolanos habían sido incluidos originalmente en una acusación por narcotráfico presentada en 2020. Este año, un gran jurado federal sumó nuevos cargos, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y dos imputaciones vinculadas a la posesión de ametralladoras.
La nueva acusación también alcanza a “Nicolasito”, hijo de Maduro; al ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello; y a un jefe narco que permanece prófugo.
En el plano político, el presidente Donald Trump afirmó el domingo que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y sostuvo que mantiene conversaciones con las nuevas autoridades del país, encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez.
“Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos que nos permitan reconstruir su país”, expresó Trump al ser consultado sobre sus demandas hacia el gobierno interino.
Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, aunque especialistas advierten que un incremento significativo de la producción no será sencillo, rápido ni de bajo costo.
Rodríguez, quien inicialmente había adoptado una postura confrontativa, moderó su posición el domingo y manifestó su disposición a cooperar con la administración Trump. “Extendemos una invitación al gobierno de Estados Unidos para trabajar de manera conjunta en una agenda de cooperación”, declaró la ex vicepresidenta.
Las Fuerzas Armadas venezolanas reconocieron a Rodríguez como presidenta interina y llamaron a la calma, mientras cerca de 2.000 seguidores de Maduro, entre ellos hombres armados en motocicletas, se movilizaron el domingo en Caracas.
Hasta el momento no se informó un número oficial de víctimas en Venezuela, aunque el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que “gran parte” del equipo de seguridad de Maduro fue asesinado “a sangre fría”, junto con personal militar y civiles. Cuba confirmó, por su parte, la muerte de 32 de sus ciudadanos durante el operativo.
Finalmente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó a una sesión de emergencia para este lunes a pedido de Venezuela. China, Rusia e Irán, aliados históricos del chavismo, condenaron rápidamente la operación, mientras que algunos socios de Estados Unidos, incluida la Unión Europea, manifestaron su preocupación.