El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su rechazo a la medida judicial que prohíbe la publicación de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y advirtió sobre la gravedad institucional de los allanamientos solicitados a medios de comunicación por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La resolución fue dictada por el juez civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, quien hizo lugar parcialmente al planteo de Milei, hermana del presidente, para detener la difusión de “cualquier chat, imagen, audio o video anunciados el 29/08/2025 como pertenecientes a su persona”. La funcionaria argumentó que la circulación de ese material tenía la intención de perjudicarla a ella y a su familia, además de afectar la gestión de gobierno.
El magistrado ordenó suspender únicamente la publicación de los audios que habrían sido grabados dentro de la Casa Rosada, sin haber indagado antes si el origen de dichas grabaciones era ilícito o no.
Desde FOPEA recordaron que los periodistas pueden ser responsables civil y penalmente después de ejercer la libertad de expresión, pero remarcaron que cualquier medida preventiva que restrinja ese derecho constituye censura previa. “Esto es incompatible con la Constitución Nacional y con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, indicó el organismo.
La entidad también subrayó que tanto la jurisprudencia nacional como internacional establecen que los derechos a la privacidad y al honor deben resguardarse mediante acciones posteriores, y no con prohibiciones preventivas, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos. “Las acciones realizadas por una funcionaria de alto rango en un edificio estatal, como la Casa de Gobierno, exceden el ámbito privado”, señalaron.
Al mismo tiempo, FOPEA manifestó preocupación por el pedido de allanamiento al canal de streaming Carnaval, promovido por el Ministerio de Seguridad. Según la presentación judicial, la divulgación de los audios formaría parte de “un ataque organizado para condicionar de manera ilegítima las próximas elecciones legislativas”, y en ese marco se mencionó a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial.
“Un allanamiento o medidas de esta índole pueden convertirse en un acto de intimidación contra la libertad de expresión”, advirtió la organización, citando estándares internacionales y la Declaración de Chapultepec de 1994, que prohíbe la censura previa y las trabas a la circulación de información.
Finalmente, FOPEA exigió a la Justicia que revise con urgencia la cautelar que restringe la publicación de los audios atribuidos a Karina Milei y reclamó al Gobierno nacional que cese con el hostigamiento a la prensa. “El periodismo debe ejercer su tarea con total libertad, sujeto solo a responsabilidades posteriores, para garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre asuntos de interés público”, concluyeron.