El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que venía funcionando desde 2018, fue cerrado por el Gobierno nacional en marzo de 2024.
La decisión generó fuertes críticas, especialmente de quienes trabajaron en su implementación, como la coordinadora técnica Silvina Ramos, quien calificó la medida como un acto de “ignorancia” y lamentó el desmantelamiento de un programa que, en sus palabras, fue “eficaz, transparente y con impacto comprobable”.
El Plan ENIA nació como una política integral para reducir el embarazo adolescente en la Argentina, con intervención directa en escuelas secundarias y espacios comunitarios de 12 provincias. Contaba con equipos capacitados que brindaban consejerías, educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos. Según sus datos oficiales, logró reducir en un 50% la tasa de fecundidad adolescente durante sus cinco años de vigencia.
Con más de 600 trabajadores desplegados en territorio, el programa atravesó distintas gestiones presidenciales —desde Mauricio Macri hasta Alberto Fernández— y fue reconocido como un ejemplo en la región por su enfoque multidisciplinario. Ramos destacó que el equipo técnico producía información periódica y rendía cuentas del uso de los fondos públicos, consolidando una política basada en evidencia.
Según la coordinadora, el cierre responde a una combinación de prejuicios ideológicos y desinterés por los temas vinculados a la salud sexual y reproductiva. “Entre la motosierra y el prejuicio, comenzaron a desmantelar los derechos conquistados por las mujeres”, expresó. También advirtió que la eliminación del ENIA deja sin herramientas de prevención a miles de adolescentes en todo el país.