El secretario general del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), Rafael Güenchenen, difundió un duro pronunciamiento en el que cuestionó el accionar de Pan American Energy (PAE) en Santa Cruz y sostuvo que, en caso de comprobarse incumplimientos legales y contractuales, la empresa debería perder las concesiones que opera en la provincia.
En el documento, el dirigente sindical afirmó que ninguna compañía puede situarse por encima de las instituciones provinciales ni administrar los recursos naturales al margen de las leyes vigentes. En ese sentido, remarcó que las concesiones hidrocarburíferas implican obligaciones concretas en materia de inversión, producción, empleo, contratación de mano de obra local y protección ambiental, cuyo cumplimiento debe ser controlado por el Estado.
Güenchenen propuso la creación de una comisión legislativa de seguimiento, fiscalización y auditoría para evaluar el desempeño de PAE en Santa Cruz. Según explicó, el organismo debería analizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la operadora y, de detectarse irregularidades, impulsar las acciones correspondientes, incluida la eventual reversión de las áreas concesionadas.
Asimismo, solicitó que el Ministerio de Trabajo publique información sobre el nivel de contratación de trabajadores santacruceños por parte de la empresa, sus contratistas y subcontratistas, verificando el cumplimiento de la legislación provincial y del Sistema de Registro Laboral (SIREL). También reclamó que el Ministerio de Energía y Minería informe los planes de inversión previstos para 2026 y 2027, el nivel de producción de cada área, las regalías abonadas y los mecanismos de control aplicados sobre la actividad.
Otro de los ejes del documento está vinculado con la situación ambiental. El titular del SIPGER pidió un relevamiento integral de los pasivos ambientales generados por la actividad petrolera, incluyendo pozos abandonados, derrames, suelos contaminados y tareas de remediación pendientes. A su entender, estos aspectos deben ser abordados con mayor rigor debido a su impacto sobre la salud pública y el ambiente.
El dirigente también sostuvo que la provincia dispone de herramientas legales suficientes para revisar la continuidad de las concesiones hidrocarburíferas cuando existen incumplimientos graves, al tiempo que solicitó la intervención del procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa, para que promueva las actuaciones que correspondan en defensa del interés público provincial.
En el tramo final del comunicado, Güenchenen reiteró que continuará defendiendo el empleo santacruceño y cuestionó al presidente del Grupo Bulgheroni, Marcos Bulgheroni, al señalar que las denuncias contra trabajadores no modificarán el reclamo sindical. Además, enfatizó que cualquier empresa que explote recursos naturales en Santa Cruz debe invertir, generar empleo local, respetar el ambiente y actuar con transparencia.