El Senado argentino define la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei en medio de movilizaciones sindicales
La Cámara alta llevó adelante la votación definitiva del proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo, mientras gremios, fuerzas opositoras y agrupaciones de izquierda se manifestaban en el centro de Buenos Aires en rechazo a una iniciativa que consideran regresiva en materia de derechos laborales.
La propuesta, que cuenta con el respaldo de bloques aliados al oficialismo, plantea modificaciones en el funcionamiento del mercado de trabajo, otorgando mayor flexibilidad a los empleadores en temas como contrataciones, despidos, indemnizaciones y negociación colectiva. Desde el Gobierno sostienen que los cambios apuntan a incentivar la inversión, mejorar la competitividad y promover la formalización del empleo en un contexto donde una porción importante de trabajadores se desempeña en la informalidad.
Durante la protesta frente al Congreso, un empleado ferroviario expresó el descontento de los manifestantes y advirtió que, más allá de la sanción de la norma, los trabajadores se organizarán para enfrentar su eventual aplicación.
La iniciativa ya había obtenido una aprobación inicial en el Senado y regresó para su tratamiento final luego de que la Cámara de Diputados introdujera modificaciones en uno de los artículos más controvertidos, que preveía recortar el salario de quienes estuvieran con licencia médica por enfermedades o accidentes no laborales. La eliminación de ese punto resultó determinante para avanzar con el trámite parlamentario.
El debate se produce tras varias semanas de tensión política y social. La Confederación General del Trabajo convocó a un paro general durante el tratamiento previo y denunció que el proyecto afecta conquistas históricas de los trabajadores, mientras que el Ejecutivo afirma que la reforma actualiza un esquema normativo que considera obsoleto.
Entre los principales cambios se incluyen ajustes en los costos de desvinculación y en la organización de la jornada laboral. Para el oficialismo, se trata de herramientas clave para dinamizar la economía; para la oposición, implican un retroceso en la protección de los derechos laborales. La votación del Senado definirá si la ley queda sancionada en forma definitiva o si continúa su discusión en el ámbito legislativo.