El Gobierno de Santa Cruz inició este lunes los operativos de control y registro en el marco de la Ley 90/10 (Ley 3141), en el acceso norte de Caleta Olivia, sobre la Ruta Nacional N°3.
Esta normativa establece que al menos el 90% de los empleos en empresas que operen en la provincia deben ser ocupados por trabajadores con residencia santacruceña comprobada.
El lanzamiento fue encabezado por el gobernador Claudio Vidal, acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, quien explicó el alcance y los objetivos de esta medida.
Un relevamiento integral para garantizar el cumplimiento de la ley
Álvarez señaló que este operativo forma parte de un trabajo articulado del Estado provincial, con la participación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Policía de Santa Cruz, el Ministerio de Seguridad y la Dirección Provincial de Transporte Automotor.
“El operativo no es una acción aislada, sino un relevamiento exhaustivo que se desarrollará durante 30 a 35 días, con el fin de conocer con precisión cuántos trabajadores ingresan desde otras provincias y cuáles son sus domicilios reales”, detalló.
Además, explicó que los resultados de este proceso permitirán exigir el cumplimiento efectivo de la ley, garantizando que el 90% de los puestos laborales sean ocupados por santacruceños.
Un cambio de enfoque económico y social
El jefe de Gabinete remarcó la diferencia entre la actual gestión y las anteriores:
“Durante muchos años ingresaron libremente empresas de afuera, sin controles ni regulaciones, mientras nuestros jóvenes recorrían oficinas públicas con su currículum buscando una oportunidad. Eso ya cambió”, afirmó.
Álvarez sostuvo que la Ley 90/10 tiene un impacto directo en la economía local, ya que busca que los ingresos generados por el trabajo permanezcan en la provincia.
“Cuando los trabajadores de otras provincias se van con su sueldo, ese dinero se gasta en otros lugares, en otros sistemas de salud y educación. Nosotros necesitamos que esos recursos queden acá, fortaleciendo nuestra economía”, señaló.
Finalmente, subrayó que esta política beneficia al comercio local, a los municipios y a los servicios públicos provinciales, como la educación, la salud y el sistema previsional.
El operativo en Caleta Olivia también contó con la participación de autoridades municipales, entidades gremiales y distintos organismos provinciales, consolidándose como una política de Estado que busca priorizar la mano de obra local y proteger las oportunidades laborales de los santacruceños.