
Así lo expresó el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo Arriagada, este miércoles tras el inicio de la carga de carbón en Punta Loyola con destino a Brasil. El operativo contempla el envío de 60.000 toneladas de carbón producido en Santa Cruz.
En una conferencia de prensa, Gordillo Arriagada explicó a la Subsecretaría de Producción y Contenidos que “no estábamos recibiendo aportes del Estado Nacional para cubrir el déficit operativo, pero con apenas dos embarques podemos reducir un 40% ese déficit anual. Por eso el gran desafío es concretar un contrato de largo plazo que nos brinde los fondos necesarios para consumos, herramientas y equipamiento. La renovación que necesitamos implica miles de millones de pesos, pero esta venta nos permite empezar a recorrer ese camino”.
Sobre el acuerdo en curso, precisó: “La intención es avanzar en un contrato sostenido en el tiempo, tomando como base estas 60.000 toneladas disponibles tanto en Punta Loyola como en la usina de 240 Mw en Río Turbio. También se analizó la posibilidad de ampliar nuestro plan productivo y, en el futuro, poder sostener embarques cada 45 días”.
Consultado acerca de la transformación institucional de YCRT, el interventor señaló: “El paso pendiente es la convocatoria a la asamblea de accionistas, que será la encargada de designar directores y poner fin a la intervención. Este proceso aún no se concretó, pero está próximo. Actualmente el accionista es el Estado Nacional, que posee el 100% de las acciones aunque por estatuto le corresponde el 51%. Según la información disponible, se designarían tres directores en representación de Nación, quienes asumirían la conducción ejecutiva en reemplazo de la intervención”.
Finalmente, Gordillo Arriagada indicó: “En algún momento se planteó la posibilidad de que la provincia asuma participación o reciba la transferencia de la empresa, aunque todavía no se avanzó en esa dirección. Para habilitar la distribución de acciones es necesario primero que Nación cumpla con ciertos pasos, entre ellos presentar un informe detallado al Congreso. Solo después podría evaluarse la incorporación de capital privado”.
Y concluyó: “También se mencionó la chance de aplicar un régimen de acciones que contemple la participación de los trabajadores en el futuro esquema de la compañía”.