La Cámara Federal de Casación Penal inició este mediodía el análisis de las condiciones impuestas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.
El foco está puesto en dos aspectos: la limitación de visitas a su domicilio en el barrio de Constitución y el uso de una tobillera electrónica para su control. La revisión fue dispuesta por la Sala IV del tribunal, presidida por Mariano Borinsky e integrada por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
Los abogados defensores de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron objeciones al régimen dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), que restringe el ingreso a su vivienda exclusivamente a familiares directos, médicos y abogados, sin contemplar otros colaboradores habituales. También solicitaron que se retire la tobillera electrónica, al considerar que no es necesaria para garantizar el cumplimiento del arresto domiciliario.
Durante la audiencia, la defensa planteó que las restricciones vigentes interfieren con la vida diaria y laboral de su representada, especialmente en lo relativo a las reuniones con contadores y apoderados que gestionan asuntos personales y administrativos de manera cotidiana. Sostienen que el fallo del TOF2 omite considerar el impacto de estas limitaciones sobre su derecho al desarrollo de una vida familiar y profesional plena.
A su vez, los jueces deberán considerar también el recurso del Ministerio Público Fiscal, que apeló la modalidad de detención domiciliaria otorgada a la exmandataria. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la Sala IV tendrá un plazo de cinco días hábiles para emitir su resolución, que podría modificar o ratificar las condiciones actuales del arresto de la expresidenta.