El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Energía y Minería, reafirmó su compromiso con la preservación de los recursos naturales y llevó tranquilidad a la comunidad tras el reciente fallo de la Justicia Federal que suspendió la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en la provincia.
El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, se refirió a la resolución judicial y destacó que Santa Cruz cuenta con una legislación propia pionera que garantiza la protección ambiental y ordena el desarrollo de las actividades productivas.
En declaraciones brindadas a LU14 Radio Provincia, el funcionario señaló que la decisión judicial generó sorpresa, aunque remarcó que la provincia posee herramientas normativas suficientes para resguardar los ecosistemas sensibles y garantizar una planificación territorial responsable.
Álvarez explicó que desde 2009 está vigente la Ley Provincial N° 3.105 de zonificación minera, una normativa que incluso antecede a la Ley Nacional de Glaciares y que establece con precisión las áreas donde pueden desarrollarse proyectos extractivos.
Según indicó, esta legislación contempla no solo la protección de glaciares y nacientes de ríos, sino también la preservación de bosques nativos y otras zonas estratégicas para el equilibrio ambiental.
“Santa Cruz ha sido pionera en este tipo de legislación”, sostuvo el ministro, al remarcar que la provincia mantiene una política clara de resguardo territorial y control ambiental.
En ese sentido, aseguró que actualmente no existen proyectos mineros ni hidrocarburíferos en cercanía de glaciares, y que el ordenamiento territorial vigente impide el avance de actividades productivas sobre esas zonas protegidas.
“Bajo ningún concepto la provincia va a ir en contra de la preservación de sus recursos naturales, que son fundamentales para las futuras generaciones”, afirmó.
Además, explicó que la reciente modificación de la Ley de Glaciares a nivel nacional otorga mayores facultades a las provincias, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales por parte de cada jurisdicción.
El funcionario sostuvo que el reciente fallo judicial no representa un obstáculo para el desarrollo productivo de la provincia, ya que Santa Cruz mantiene un esquema de planificación que excluye las áreas ambientalmente sensibles.
Asimismo, remarcó que la política provincial apunta a lograr un equilibrio entre producción y preservación, entendiendo que el desarrollo económico debe darse bajo criterios de sustentabilidad.
“Existe una política clara de protección y desarrollo responsable”, expresó Álvarez, al destacar que recursos como el agua son estratégicos para la provincia y no serán puestos en riesgo.
Esta línea de acción forma parte de la política impulsada por el gobernador Claudio Vidal, orientada a fortalecer un modelo de gestión basado en planificación estratégica, resguardo ambiental y crecimiento productivo sostenible en todo el territorio santacruceño.