Tras la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de invalidar la mayoría de los aranceles globales impulsados por Donald Trump, en la Casa Rosada comenzaron a analizar cómo podría repercutir la medida en el acuerdo recíproco de comercio e inversiones firmado entre la Argentina y Estados Unidos el pasado 5 de febrero.
Si bien el fallo representa un revés para la política arancelaria de Trump, el mandatario avanzó con un nuevo esquema de tarifa general del 10% por 150 días, a través de la denominada Sección 122. En el Gobierno argentino confían en que, debido al entendimiento bilateral ya suscripto, el país pueda quedar exceptuado de ese arancel.
La nueva orden ejecutiva establece un gravamen temporal a las importaciones desde el 24 de febrero, aunque aclara que Estados Unidos continuará respetando los acuerdos de comercio recíproco legalmente vinculantes. No obstante, el texto no menciona de manera explícita a la Argentina.
El convenio bilateral contempló la eliminación de aranceles para 1.675 productos argentinos y la ampliación de la cuota de exportación de carne vacuna, que pasará de 20.000 a 100.000 toneladas este año. Según fuentes oficiales, esa ampliación —dispuesta por orden ejecutiva— no quedaría alcanzada por el fallo judicial.
Desde la administración libertaria sostienen que los aspectos vinculados a barreras no arancelarias, propiedad intelectual e inversiones siguen vigentes. Además, prevén enviar el acuerdo al Congreso para su tratamiento.
En tanto, la Cámara de Exportadores de la República Argentina advirtió que la resolución judicial podría debilitar el sustento legal del esquema recíproco, aunque consideró que la cuota de carne no debería verse afectada.
Por su parte, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, afirmó que la administración republicana espera que los acuerdos negociados continúen en vigor pese al fallo.
La Corte limitó su decisión a los aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, pero no a aquellos impuestos mediante otras herramientas legales, como las secciones 232 y 301, que la Casa Blanca podría utilizar para sostener o ampliar nuevas tarifas.
