En una jornada clave para la agenda de reformas del gobierno, Manuel Adorni — recién designado como jefe de Gabinete tras la salida de Guillermo Francos — asumirá la conducción de dos encuentros estratégicos en la Casa Rosada.
La primera reunión comenzó a las 9:30 y reúne a todos los ministros, incluyendo a quienes asumirán próximamente: Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa).
Más adelante, a las 11:30, Adorni encabezará su primera sesión como presidente del Consejo de Mayo. En ese ámbito se discutirá la versión definitiva de los proyectos de reforma laboral y tributaria, justo antes de su presentación oficial en sesiones extraordinarias.
El nombramiento de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete ocurre en un contexto de gran presión: el Gobierno apunta a cerrar los detalles de las reformas antes del recambio legislativo de diciembre. El traspaso de mando —de Francos a Adorni— es significativo: implica confiar en alguien del círculo interno, con la misión de coordinar los ministerios y articular con los gobernadores. El plan de reuniones de gabinete cada 10 días busca darle dinamismo a la gestión.
En este momento, el Consejo de Mayo se convierte en el espacio donde se perfila —o decide— el diseño definitivo de las reformas que el Gobierno planea impulsar. Están en debate la reforma laboral —incluyendo nueva organización del trabajo, régimen de vacaciones, indemnizaciones y licencias— y la reforma tributaria. Adelantar esta reunión bajo la dirección de Adorni sugiere una apuesta por resolver los debates internos y técnicos antes de presentar los proyectos al Congreso.
Aunque parece un gesto de orden institucional —nuevo jefe de Gabinete, nuevo impulso para la agenda—, la rapidez con que el Ejecutivo pretende avanzar —gabinetes periódicos cada 10 días, cierre exprés de normas laborales y tributarias— deja poco espacio para un debate profundo, análisis técnico serio y control. Con un Congreso aún pendiente, esta celeridad podría acarrear costos políticos o sociales.
Además, no está claro hasta qué punto los gobernadores que apoyan al gobierno aceptarán el texto final de las reformas sin modificaciones. El llamado al “diálogo federal” suena fuerte, pero la ambición reformista podría chocar con intereses provinciales o sindicales.