La jueza del segundo distrito de Nueva York, Loretta Preska, ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera en 2012. La medida, que generó sorpresa en el oficialismo, fue cuestionada por el presidente Javier Milei, quien confirmó que apelará la decisión.
La causa judicial, iniciada por los fondos Burford Capital y Eton Capital, sostiene que el Estado argentino violó el estatuto de la empresa al nacionalizar la participación de Repsol sin extender la oferta al resto de los accionistas. En septiembre de 2023, Preska condenó al país a pagar US$16.100 millones, suma que, con intereses acumulados desde entonces, ya supera los US$17.750 millones, según cálculos del analista Sebastián Maril. Los intereses diarios rondan los US$3 millones.
Además del impacto financiero, la orden judicial repercutió en el mercado: las acciones de YPF en Wall Street cayeron hasta un 8% y cerraron con una baja del 5,6%.
En la Casa Rosada responsabilizan al exministro Axel Kicillof por el conflicto legal originado durante su gestión. Sin embargo, expertos advierten que la transferencia de acciones deberá sortear un obstáculo legal: según la ley de expropiación, cualquier cesión de títulos requiere aprobación del Congreso con mayoría especial, lo que podría demorar la ejecución del fallo.
La Procuración del Tesoro encabezará la apelación ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York. Aún no hay fecha para la audiencia, y todo indica que el proceso continuará al menos hasta 2026.