Tras más de treinta años de falta de definiciones, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz avanzó de manera concreta para dar solución a una problemática histórica que durante décadas impactó en miles de familias de Río Gallegos. Se trata de aproximadamente 60 hectáreas lindantes a la guarnición del Ejército Argentino que, desde mediados de los años ’90, fueron ocupadas por distintos barrios construidos a través de planes habitacionales, cuyos vecinos no pudieron acceder a la escritura definitiva de sus viviendas.
El origen del conflicto se remonta a convenios suscriptos en 1995 entre la Provincia y el Estado Mayor General del Ejército, que contemplaban la cesión de tierras al Estado provincial para el desarrollo de soluciones habitacionales, a cambio de contraprestaciones que no fueron cumplidas por administraciones anteriores. Como consecuencia, la transferencia de dominio nunca se efectivizó, generando una prolongada situación de inseguridad jurídica para las familias adjudicatarias.
Entre 1997 y 2002, mediante el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y en el marco de los programas FONAVI, se construyeron 492 viviendas, además de infraestructura, equipamiento comunitario y espacios verdes. Posteriormente, en 2004, un nuevo acuerdo permitió avanzar con los planes Federal I y Federal II, sumando otras 823 viviendas.
Pese al crecimiento y consolidación de estos barrios, los terrenos continuaron bajo titularidad del Ejército, lo que durante años impidió la escrituración de las viviendas y afectó a más de 1.200 hogares.
Durante ese lapso, la ciudad de Río Gallegos atravesó importantes dificultades vinculadas al crecimiento desordenado, la falta de planificación urbana y las ocupaciones irregulares de tierras, situación que se vio agravada por la indefinición legal de extensas superficies dentro del ejido urbano.
En este marco, el gobernador Claudio Vidal subrayó la relevancia de la decisión adoptada por el Gobierno Provincial para comenzar a ordenar el territorio y dar respuesta a una demanda largamente postergada. “Estamos dando solución a un problema que se mantuvo sin respuestas durante 30 años y que la dirigencia política no supo o no quiso resolver. Esta falta de definiciones condicionó, en parte, el desarrollo urbano de Río Gallegos”, expresó.
Asimismo, el mandatario destacó el impacto positivo que tendrá la regularización dominial a futuro: “Poner en regla estas tierras nos permite proyectar un sector clave de la ciudad con planificación, previsibilidad y normas claras. Pero, fundamentalmente, significa un acto de justicia para más de 1.200 familias que podrán acceder al título de propiedad de sus hogares”.
Con la firma de una adenda al convenio de 2004, realizada junto al general de brigada Julián Andrés Massi Filippa en representación del Ejército Argentino, la Provincia queda habilitada para ejecutar obras dentro del predio y avanzar de manera definitiva en el proceso de regularización dominial de estas 60 hectáreas, saldando una deuda histórica del Estado con la ciudad y sus vecinos y vecinas.
De este modo, el Gobierno de Santa Cruz comienza a convertir un conflicto de larga data en una oportunidad concreta para el desarrollo urbano planificado de Río Gallegos, aportando previsibilidad, ordenamiento territorial y tranquilidad a cientos de familias que aguardaron durante décadas una solución definitiva.