La Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Registrales, dependiente del Ministerio de Gobierno, participó este miércoles en una exposición de alcance federal en el marco del encuentro Infancias Protegidas, vinculado a los registros de Deudores Alimentarios.
En este contexto, la subsecretaria de Gobierno y Asuntos Registrales, Soledad Boggio, expresó: “Fuimos la provincia seleccionada para realizar este aporte y eso nos llena de satisfacción. Es claro que el trabajo llevado adelante en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Santa Cruz ha mostrado avances muy importantes durante el último año en la protección de los derechos alimentarios”.
El encuentro tuvo como objetivo brindar a las jurisdicciones provinciales y municipales de todo el país herramientas teóricas y prácticas para comprender la situación actual de las infancias en Argentina en relación con los deudores alimentarios.
“Tuvimos la posibilidad de presentar lo que venimos desarrollando, no solo en lo referido a la implementación del nuevo sistema informático para la emisión de certificados, sino también con la firma de convenios con otras provincias, lo que permitió ampliar la base de registros de deudores. Además, expusimos el trabajo que iniciamos para actualizar una ley que ya tiene 20 años. Fue y es una norma que nos permitió avanzar en el control de los incumplidores, pero hoy resulta indispensable introducir cambios que estén en sintonía con la realidad actual y con lo que ocurre en el resto del país”, explicó Boggio.
A través del enfoque de Buenas Prácticas, se buscó promover el intercambio de experiencias exitosas y de conocimientos, fomentando la cooperación interinstitucional para replicar y fortalecer políticas públicas que aseguren el derecho alimentario, eviten el incumplimiento de la cuota y consoliden una cultura de corresponsabilidad.
La subsecretaria precisó que el evento fue organizado por el Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó con ponencias de representantes del área de Asuntos Registrales de CABA, la Legislatura porteña, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Registrales de Santa Cruz.