En una declaración inesperada, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sugirió que el Gobierno no vete el proyecto de ley que propone redistribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. Según su visión, si esta iniciativa se promulga, abriría la puerta a una futura modificación del régimen de Coparticipación Federal sin necesidad de la aprobación de todas las legislaturas provinciales, como hoy exige la Constitución. “Esto cambia todo. Si el presidente me consulta, yo le diría que esta no la vete”, declaró en una entrevista con LN+.
La propuesta generó revuelo dentro del oficialismo. Aunque en el Gobierno valoran la idea, dejaron en claro que no es parte de una estrategia definida y que, en principio, Javier Milei mantiene su decisión de vetar cualquier proyecto que surja desde las provincias. “Lo de Sturzenegger fue más una provocación que una alternativa real”, deslizó una fuente de alto rango del Ejecutivo. Aun así, varios funcionarios admitieron en privado que el planteo del ministro abre un debate interesante sobre el mecanismo para reformar el esquema de reparto de recursos entre Nación y provincias.
Modificar la Ley de Coparticipación es una meta que figura en el programa de reformas profundas del Gobierno, aunque prevista recién para después de los cambios laborales, tributarios y previsionales que se planean para 2026 y 2027. La reforma del régimen figura incluso en la plataforma electoral de La Libertad Avanza, que propone eliminar el actual sistema y reemplazarlo por uno más competitivo y con menor intervención estatal. Sin embargo, la mayoría de los gobernadores creen que cualquier intento de avanzar sin consenso total terminaría en la Justicia.
El debate sobre la coparticipación también está incluido en el llamado Pacto de Mayo, que ya fue firmado por 19 provincias. Pero desde el Consejo de Mayo —órgano creado para discutir sus puntos— reconocen que es difícil alcanzar acuerdos sobre esta cuestión. Mientras tanto, algunos funcionarios libertarios deslizan que “es más fácil convencer a tres jueces de la Corte Suprema que a 24 gobernadores”. Aunque la posibilidad de cambiar el régimen sin aval provincial genera entusiasmo en algunos sectores, la mayoría de los constitucionalistas insisten en que el artículo 75 de la Constitución no deja lugar a dudas: toda reforma requiere la aprobación de todas las provincias.