La reciente aprobación en el Senado de la reforma jubilatoria generó inquietud en el sector pyme al eliminar un incentivo fundamental para el acceso al crédito. La nueva ley suprime las exenciones impositivas para quienes aportan a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), una herramienta que respalda financieramente a miles de pequeñas empresas y que garantiza alrededor del 30% de los préstamos pyme en el país.
Esta medida, que busca reforzar los recursos fiscales para sostener el aumento en los haberes previsionales, compromete el funcionamiento de un sistema que lleva más de tres décadas facilitando el financiamiento empresarial. Desde el sector advierten que, sin ese beneficio fiscal, se pone en jaque la sustentabilidad del crédito para compañías que no cuentan con avales propios.
Según datos de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG), el costo fiscal de estas exenciones ronda los 136 millones de dólares anuales, lo que representa apenas el 0,02% del PBI. Para los especialistas, el impacto económico de ese gasto es mínimo frente a los beneficios que genera, no solo en términos de empleo y producción, sino también en recaudación.
“El sistema de SGR tiene un efecto multiplicador: las pymes que acceden a crédito crecen, tributan más y generan aportes laborales. Es una política eficiente que se paga sola”, aseguró Ignacio Pérez Riba, secretario de la entidad. Desde el sector ya evalúan alternativas para sostener la operatoria y evitar un retroceso en el acceso al financiamiento.