El Gobierno Nacional oficializó, a través del Decreto 461/2025, la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito.
Esta decisión, presentada por el vocero presidencial Manuel Adorni y publicada en el Boletín Oficial, forma parte de un proceso más amplio de reestructuración estatal. Se estima que la medida podría generar hasta 3.000 despidos y un incremento en la concesión de rutas con peajes, abarcando más de 9.000 kilómetros.
Durante el anuncio, el Gobierno vinculó el cierre con el combate a la corrupción, recordando el caso judicial por el que fue condenada la expresidenta Cristina Kirchner. Según Adorni, la Dirección de Vialidad había sido utilizada como herramienta para direccionar contratos y desviar fondos, lo cual justificó su eliminación. El mensaje oficial insistió en que se trataba de “darle un cierre a décadas de manejo opaco y clientelismo en la obra pública”.
El Poder Ejecutivo también defendió el uso de las facultades delegadas, que vencen próximamente, argumentando que por primera vez se utilizaron para generar un alivio fiscal en lugar de concentrar poder. En ese marco, se aseguró que el cierre de estos organismos permitirá un ahorro estimado de 100 millones de dólares anuales, gracias a una gestión más eficiente y la participación del sector privado en tareas de mantenimiento vial.
Desde Casa Rosada también se difundieron datos que apuntan a justificar la decisión, como el sobredimensionamiento administrativo de Vialidad, con una estructura jerárquica que, según el Gobierno, obstaculizaba la eficiencia operativa. Además, se mencionaron irregularidades en la contratación de personal y el uso de recursos materiales. Con esta movida, el Ejecutivo busca instalar la idea de una administración más austera y orientada a resultados, aunque no sin críticas por el impacto social y laboral que implica.