El Gobierno argentino solicitó a la jueza neoyorquina Loretta Preska la suspensión del fallo que obliga al país a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de YPF, y adelantó que no aceptará negociar con el fondo demandante, Burford Capital. La estrategia oficial apunta a ganar tiempo en la Justicia y presentar una apelación formal en los próximos días, con la esperanza de revertir el fallo en segunda instancia.
Desde la Casa Rosada consideran que la sentencia es de cumplimiento imposible en esta etapa del proceso, y que entregar la mayoría accionaria de YPF sería un “daño irreparable”. Por eso, buscan que la ejecución del fallo se demore al menos hasta que finalice el proceso de apelación, lo que les daría varios meses de margen.
Además de discutir la legalidad del fallo, el Gobierno también se propone impugnar el monto de la indemnización. Argumenta que los USD 16.000 millones no son definitivos y que hay fundamentos legales para reducir esa cifra de forma drástica, incluso a “unos cientos de millones”, según fuentes oficiales.
Uno de los puntos clave será determinar qué fecha debe usarse para valorar las acciones de YPF y qué tipo de cambio corresponde aplicar. El Ejecutivo considera que la forma en que se calculó y “dolarizó” la indemnización abre espacio para una revisión judicial favorable en la Corte de Apelaciones de EE.UU.