El pasado Jueves durante la novena Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia, la Diputada por el Municipio de Caleta Olivia Liliana Toro presentó el proyecto de ley que buscará la creación de la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio en el ámbito del Poder Ejecutivo. La iniciativa tiende a descomprimir del ámbito judicial estas tareas de corte netamente administrativo y pasarlos al área del Ministerio de Gobierno, y a su vez descentralizar en entes regionales para agilizar los trámites y tener la posibilidad de seguimiento más accesibles y modernos.
“Buscamos seguir profundizando la premisa de la descentralización del Estado, intentando optimizar los recursos y así agilizar los trámites de los vecinos, sin necesidad de tener que trasladarse kilómetros para presentar papeles y esperar meses por alguna resolución” expresó la Diputada. Hoy los juzgados que tienen a cargo los actuales Registros Públicos de Comercios se encuentran sobrecargados con esta función administrativa, y retrasan sus tareas exclusivas. “Por ello este proyecto ayudará a mejorar el servicio de administración de justicia mediante el perfeccionamiento y modernización de las tareas administrativas del Estado”.
“La idea principal es lograr ser eficientes, y dar cumplimiento de las premisas de inmediatez, celeridad, seguridad, economía y eficiencia en los procesos administrativos”. “Además se instará a contemplar, funciones administrativas orientadas, no solo a la satisfacción de consultas y asesoramientos de otras dependencias del gobierno, sino también prever la posibilidad de adoptar procedimientos de digitalización de documentación que, dando respuesta a la garantía de inviolabilidad, procure dar celeridad a los procesos administrativos”
Según los argumentos del proyecto el eje principal será la descentralización y modernización de los organismos y áreas administrativas del Estado, impulsando el desarrollo de herramientas tecnológicas que en la actualidad existen, y a su vez diseñar mecanismos concretos que aseguren el efectivo ejercicio de los derechos de los ciudadanos ante la Administración Pública, a través del fortalecimiento de la regionalización, con accesibilidad y simplificación en los trámites, a través de una adecuada estructura y articulación entre los diferentes niveles regionales y locales, en aras de asegurar la igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía en su conjunto.