La provincia de Santa Cruz, ha dado muestras históricas en la planificación y generación de programas desde una perspectiva de derechos El Plan Gestión Solidaria (GESOL), desarrollado por quien fuera en ese momento, la ministra de Asuntos Sociales y hoy gobernadora Alicia Kirchner, ha sido un ejemplo en planificación estratégica y gestión social.
Hoy, 27 años después, son estos principios fundantes los que continúan sosteniendo la política pública, enmarcados en los ejes Familia, Territorio y Organización.
Dando continuidad al trabajo que se viene realizando en materia de niñez, adolescencia y familia, se concretó la firma de convenio con la Comisión de Fomento Jaramillo y Fitz Roy cuyo objetivo es el fortalecimiento familiar y consolidación de los sistemas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Allí estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Social, Jorge Daniel Ferreyra; la presidenta de la Comisión de Fomento Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui, la secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Silvana Hevia, el secretario de Estado de Gestión Financiera Claudio Vacca, la secretaria de Estado de Economía Social, Noelia Reynoso, la secretaria de Estado de Políticas de Desarrollo Local, Belén Torres y el subsecretario de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia, Luciano Achetoni.
Estas, son bases fundamentales desde la perspectiva de derechos, y las normas, que nos permiten generar programas particulares destinados a la atención integral de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Santa Cruz, destinados al fortalecimiento familiar, y a la atención especial a través de medidas de protección y a medidas de excepción.
En ese sentido el Programa para la Atención Integral de la Niñez y Adolescencia (PAINA), establece las acciones destinadas a la promoción, protección y restitución de derechos, y en particular, aquellas coberturas que, por situaciones particulares, o por encontrarse con medidas de protección o excepción, o destinada a adolescentes infractores de la ley penal, requieren de una apoyatura técnica, financiera o de acompañamiento de los organismos del estado y del sistema de protección integral, para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
