Sin consenso previo, el diputado Jorge Arabel, pondrá a consideración de la Comisión de Recursos Naturales y Agricultura de Santa Cruz, el proyecto que incluye la creación de la Secretaría que tiene que ver con los recursos hídricos y la creación del Observatorio de Agua.
Un proyecto del legislador Jorge Arabel creando la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos arrancó críticas del sector rural de Santa Cruz. Pero además- tomó por sorpresa a algunos legisladores del propio oficialismo.
El lunes, consultados por La Opinión Austral, sostuvieron que el proyecto será discutido (hoy se pondrá a consideración de la Comisión de Recursos Naturales y Agricultura), pero que no hay un consenso de antemano para sancionarlo.
Qué dice el proyecto
Es que la iniciativa de Arabel traslada la responsabilidad, el manejo y el seguimiento de políticas públicas en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, desde el CAP (Consejo Agrario Provincial) a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El proyecto otorga a la nueva Secretaría, la política hídrica provincial para los recursos superficiales y subterráneos, continentales y marítimos, asegurando su apropiada implementación y seguimiento dentro de los límites jurisdiccionales de la provincia.
También articular con todos los estamentos internacionales, nacionales, provinciales y municipales, la implementación, seguimiento y control de la Política Hídrica provincial, mediante las acciones propias de su competencia.
Le otorga la facultad de establecer planes de corto, mediano y largo plazo orientados a la gestión integral de recursos hídricos (GIRH) utilizando al concepto de cuenca hidrográfica como unidad territorial de intervención, entre otras.
Además, crea el “Observatorio del Agua” (OA), como “estamento trasversal” de la política hídrica provincial, cuyo objetivo será “establecer consensos para los diferentes usos y demandas de conservación de los recursos hídricos provinciales, asegurando un monitoreo sectorial permanente de su puesta en práctica y del accionar de la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos”.
Conformación
En cuanto a cómo estará conformado, aclara que será mediante un Consejo Directivo integrado por seis miembros representantes de organismos públicos provinciales con roles, competencias y/o intereses sectoriales en el aprovechamiento y conservación del recurso: Consejo Agrario Provincial, Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, Secretaría de Estado de Ambiente, Instituto de Energía, Secretaría de Estado de Minería, y la propia Secretaría de Estado de Recursos Hídricos.
Argumentos
A la hora de los argumentos, los legisladores que firmaron la iniciativa (Arabel, Miñones, Santi y Barría), afirmaron que los recursos hídricos representan quizás el recurso natural más importante en regiones áridas y semiáridas del mundo, como lo representan grandes extensiones de la Patagonia Austral en general y de la provincia de Santa Cruz en particular, sustento esencial de toda forma de vida conocida así como fundamental para el desarrollo de todas las actividades socieconómicas de la región.
Y al respecto, indicaron que resulta necesario establecer un modelo de gestión de los recursos hídricos de la provincia basado en una “sólida planificación de corto, mediano y largo plazo, y que permita asegurar no sólo la equidad en la disponibilidad de recurso entre las diferentes demandas de consumo, sino también el aseguramiento de la conservación de los flujos ambientales compatibles con la preservación del ambiente, y con ello la calidad de los bienes y servicios ecosistémicos asociados”.
“Mucho ruido”
Algunos diputados sostienen que el Legislativo no debería inmiscuirse en la estructura orgánica del Poder Ejecutivo. Cabe recordar que el mismo pensamiento surgió en otras ocasiones, por ejemplo, con el proyecto de crear un Ministerio de Género y Diversidad.
Es que es el Ejecutivo el que debe trazar las políticas públicas e implementar la orgánica de sus diferentes estamentos, en base a lo que considere necesario. De otra manera, podría interpretarse como una imposición del Legislativo a algo que es potestad de otro Poder.
Distinto sería el caso si el proyecto fuera elevado por el propio Ejecutivo. Lo cierto es que hoy se discutirá en comisiones, donde quiere ser escuchado el sector rural que no comparte que se dividan las funciones del CAP.